Los bufetes de abogados en Mollet, Barcelona, como Manuel Romero Alvarez y los recientes cambios en la leyes

Los bufetes de abogados en Mollet, Barcelona, como Manuel Romero Alvarez y los recientes cambios en la leyes

17/02/2020 15:05:20 | MINISTERIO DE JUSTICIA | LECRIM
El Gobierno anuncia que reformará la Ley de Enjuiciamiento Criminal

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha anunciado hoy, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia, que llevará al Consejo de Ministros para su aprobación antes de final de año el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para actualizar el proceso penal, otorgando a los fiscales la dirección de la investigación.

Abogado en Derecho Laboral de Mollet del Vallès, Barcelona, Manuel Romero Álvarez

Las nuevas disposiciones en materia de Derecho Laboral que nos afectarán a los trabajadores por cuenta ajena, consultenos sobre su caso.
SIN INDEMNIZACIONES DE 20 DÍAS AÑO O 12 DÍAS AÑO NO SE EVITARÁ EL ABUSO EN LA CONTRATACIÓN TEMPORAL
La Sentencia del TS 207/2019 de 13.03.2019 no deja lugar a dudas: No se reconoce indemnización alguna al fin del contrato Interinidad por sustitución, porque nuestra legislación no lo contempla, existiendo una razón objetiva entre los interinos/temporales y los indefinidos/fijos que permite el trato diferenciado en la indemnización entre tales grupos (Sentencias TJUE 05-06-2018 -C 677/16 -Lucía Montero Mateos y 05-06-2018 -C‑574/16 -Grupo Norte Facility).

Advocat Manuel Romero

Reglamentos europeos sobre regímenes económicos matrimoniales y efectos patrimoniales de las uniones registradas

La gran novedad de estos Reglamentos es la posibilidad de que las parejas internacionales regulen sus relaciones patrimoniales aplicando una legislación distinta a la de su nacionalidad. «Estos dos Reglamentos permiten a un matrimonio o pareja registrada elegir, siempre que el caso presente elementos extranjeros, la Ley reguladora de su régimen económico», señala el profesor Javier Carrascosa. «Así, dos cónyuges españoles que residen habitualmente en Londres pueden elegir la Ley inglesa como Ley reguladora de su economía matrimonial». El cambio es sustancial para la labor de los notarios. A partir de hoy, señala Carrascosa, «los notarios españoles tendrán el deber, la carga y también el privilegio de asesorar a los cónyuges en dicha elección, cuando ésta conste en instrumento público. Ello requerirá de los notarios españoles una mayor formación en Derecho matrimonial extranjero, así como en el sistema de puntos de conexión de los Reglamentos 1103/2016 y 1104/2016, para poder informar y asesorar a los cónyuges y parejas sobre las leyes estatales que pueden elegir como leyes reguladoras de su régimen económico».

Un laberinto normativo de difícil aplicación

Como señalábamos, estos dos Reglamentos viene a unirse al Reglamento Bruselas II-bis (competencia judicial en materia de divorcio, separación, nulidad y cuestiones de responsabilidad parental sobre menores), Roma III (ley aplicable a la separación judicial y el divorcio) y al Reglamento 4/2009 (competencia y ley aplicable en materia de obligaciones de alimentos).

Recordemos, en primer lugar, que la competencia para regular el Derecho sustantivo de familia es exclusiva de los Estados miembros de la UE. Estos cinco Reglamentos europeos regulan, cada uno de ellos en su ámbito de aplicación, todo lo referente a la competencia judicial internacional, el derecho aplicable y el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras. En segundo lugar, que todos ellos, desde hoy también los relativos a regímenes económicos y efectos patrimoniales de uniones registradas, son de imperativa aplicación en todos los Estados miembros, o, en el caso de tres de ellos que han sido adoptados por el procedimiento de cooperación reforzada, en los Estados que forman parte de la misma.

El conjunto normativo resultante de estos cinco Reglamentos integra un complejísimo marco jurídico cuya aplicación no resulta sencilla, por varias razones:

• En primer lugar, por la gran la cantidad de foros de competencia que establece cada uno de ellos, en unas ocasiones alternativos, en otras jerárquicos o en cascada, que hace difícil determinar cuál es el foro competente. En ocasiones coexisten varios tribunales competentes, siendo posible la presentación de la misma demanda de divorcio ante Tribunales de distintos Estados.
• En segundo lugar, en un procedimiento de divorcio internacional, cada una de las medidas a decidir (alimentos, responsabilidad parental, régimen económico matrimonial) quedará sujeta a uno de estos Reglamentos, con sus foros de competencia y ley aplicable, generando lo que se ha venido denominando «riesgo de dispersión internacional del pleito».
• En tercer lugar, la ley que resulte aplicable al litigio internacional puede ser la de cualquier Estado: bien un Estado miembro participante en el Reglamento; un Estado miembro no participarte; o la de un tercer Estado no miembro de la UE. Ello supone la aplicación por los Tribunales de los Estados miembro, del Derecho de cualquier país del mundo, y la carga para la parte interesada, de acreditarlo y probarlo.
La complejidad de este laberinto normativo es resultante, en buena medida, de la delicada materia sobre la que versa. Las diferencias entre los derechos estatales a la hora de regular la disolución del matrimonio y, en general, las relaciones familiares, son muy pronunciadas, pues responden a arraigadas concepciones morales y culturales. Prueba de ello, es que tres de estos Reglamentos son el resultado de una cooperación reforzada, no habiendo sido posible la adhesión de todos los Estados miembros.

Sin embargo, resulta imprescindible, a partir de hoy todavía más, desenvolverse con cierta soltura por este complejo sistema de normas para resolver con seguridad los conflictos que se planteen con un elemento internacional, cada vez más numeroso por el imparable aumento de los matrimonios mixtos y deslocalizados. Enlace:http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13634-comienzan-a-ser-aplicables-los-reglamentos-europeos-sobre-regimenes-economicos-matrimoniales-y-efectos-patrimoniales-de-las-uniones-registradas/

Contratos a tiempo parcial: dos cuestiones problemáticas resueltas por los tribunales

Contratos a tiempo parcial: dos cuestiones problemáticas resueltas por los tribunales

En general, cuando pensamos en el trabajo a tiempo parcial tenemos en mente el que se realiza durante una jornada inferior a la completa todos los días de la semana (trabajo a tiempo parcial horizontal). Es el caso, p.ej., de una cajera de un supermercado que trabaja de lunes a viernes, cuatro horas al día.

Pero también es trabajo a tiempo parcial aquel en que el trabajo se realiza a tiempo completo o no pero concentrado en determinados días laborables de la semana, del mes o del año, cotizando por meses enteros (trabajo a tiempo parcial vertical). Es el caso, p.ej., de otra cajera del mismo supermercado que trabaja viernes y sábado ocho horas al día y domingos cuatro horas. Cambia el número de días trabajados, pero las horas totales de trabajo y el sueldo en un periodo pueden ser los mismos.

La contratación a tiempo parcial, y en particular la vertical, penaliza mayoritariamente a las mujeres, que son quienes más se acogen a este tipo de contratación, por lo que se produce una discriminación sexista.

Esa diferenciación entre ambos tipos de trabajo a tiempo parcial ha generado dos consecuencias injustas, corregidas por los tribunales y que vamos a analizar: la duración de la prestación por desempleo y cómputo de la indemnización por despido.

a) Duración de la prestación por desempleo
A tenor de nuestra normativa, para calcular la duración de la prestación por desempleo sólo se tienen en cuenta los días efectivamente trabajados y, por tanto, cotizados (art. 3.4 RD 625/1985: día trabajado es día cotizado).

Lo que afecta a los trabajadores a tiempo parcial vertical, que trabajan menos días a la semana o al mes aunque coticen por la misma cantidad y, en consecuencia, la perciben durante menos tiempo.

En los ejemplos planteados, si ambas trabajadoras son despedidas el mismo día al cabo de un año, la trabajadora a tiempo parcial horizontal tendrá acumulados más de 360 días de cotización, por lo que tendrá derecho a cobrar la prestación por desempleo durante 120 días, pero la que trabaja a tiempo parcial vertical no alcanzará ese periodo mínimo para cobrar el paro. Y ello a pesar de haber trabajado y cotizado ambas durante las mismas horas del año.

Planteada la cuestión en vía judicial, la sentencia TJUE de 9 de noviembre de 2017 ha establecido que nuestra normativa no es adecuada para el Derecho de la Unión y que se debe reconocer a los trabajadores a tiempo parcial vertical su derecho a cobrar el paro con la misma duración que si el trabajo hubiera sido a tiempo parcial horizontal, por haber cotizado ininterrumpidamente durante –en el caso de la sentencia- los últimos seis años.

Lo contrario sería una doble penalización que afecta más a las mujeres, por un lado porque en general la cuantía de las prestaciones por desempleo son inferiores a las de los empleados a tiempo completo al trabajar menos tiempo, y por otro porque supone el cobro de estas prestaciones durante un plazo inferior.

b) Cómputo de la indemnización por despido
Se produce otra diferencia importante entre distintos tipos de trabajo a tiempo parcial al calcular la indemnización por despido, ya que dependiendo del método utilizado (en base a la antigüedad o al tiempo de trabajo efectivo), el resultado es distinto según el trabajo a tiempo parcial sea permanente o eventual, cuando no debiera ser así.

Es el caso de la primera cajera del supermercado que trabaja de lunes a viernes, cuatro horas al día, y una segunda cajera del mismo supermercado que trabaja por meses alternos (seis meses al año), de lunes a viernes, a razón de ocho horas diarias.

Al final del año, las dos tienen la misma antigüedad, cobran el mismo salario (20 euros/día completo, 10 euros/medio día), cotizan lo mismo y son despedidas en idéntica fecha.

Parecería, por tanto, que si se extingue su contrato por la misma causa les correspondería la misma indemnización. Pero nos encontramos con que no es así y, además, según como se calcule éste, incluso cambia el resultado:

1) Si calculamos la indemnización con la fórmula de la antigüedad:

Salario día x 33 días/año x años de antigüedad

Trabajadora 1 que trabaja 12 meses al año y cobra 10 euros al día: 10 €/día x 33 x 1 = 330 €

Trabajadora 2 que trabaja 6 meses al año y cobra 20 euros al día: 20 €/día x 33 x 1 = 660 €

2) Si la calculamos con la fórmula del tiempo de trabajo efectivo:

Salario día x 33 días/año x tiempo de trabajo efectivo

Trabajadora 1: 10 €/día x 33 x 0,5 = 165 €

Trabajadora 2: 20 €/día x 33 x 0,5 = 330 €

Ambos cálculos, el 1) y el 2), no son correctos, porque juegan con magnitudes distintas.

3) Por eso y de conformidad con la jurisprudencia comentada abajo, hay que tomar criterios similares que equiparen ambos resultados, como es el salario/hora junto con el de tiempo de trabajo efectivo, y aplicar este cálculo a ambos:

Salario hora x 33 días/año x nº horas/día de trabajo x años de trabajo efectivo

Trabajadora 1: 2 €/hora x (33 x 4) x 1 = 264 €

Trabajadora 2: 2 €/hora x (33 x 8) x 0,5 = 264 €

En este sentido se pronuncia la sentencia TSJ La Rioja de 8 de marzo de 2005 (Rec. 60/2005) que, en un supuesto de despido disciplinario improcedente de un contrato de trabajo a tiempo parcial, establece «Esta doctrina, que se ajusta a la ya unificada en casación para la unificación de la doctrina, según la cual » respecto del cálculo de la indemnización correspondiente, el módulo de cuarenta y cinco días del salario que establece el art 56.1 a) ET, actúa sobre el tiempo de servicios prestados y no sobre la mayor antigüedad reconocida, salvo pacto o disposición en contra», es plenamente aplicable al caso enjuiciado, donde consta acreditado los diferentes periodos en que la actora prestó servicios a tiempo parcial y los porcentajes de reducción de jornada en cada caso, habiendo calculado la empresa demandada, conforme a dicha doctrina, correctamente la indemnización por despido que correspondía a la trabajadora despedida , sin que nadie haya discutido la exactitud de las cantidades ni de los cálculos que se contienen en el mismo».

Y la del TSJ Cataluña de 3 de octubre de 2008 (Rec. 4080/2008), según la cual el módulo de 45 días de salario para el cálculo de la indemnización por despido improcedente actúa sobre el tiempo de servicios prestados y no sobre la mayor antigüedad reconocida.

Lo mismo que la sentencia del TSJ Asturias de 27 de junio de 2014 (Rec. 1208/2014), que detalla que «El concepto de antigüedad no siempre es equivalente al tiempo de prestación de servicios en una empresa, pues como se ha puesto de manifiesto por el Tribunal Supremo con reiteración -por ejemplo en la sentencia de 26 de septiembre de 2001 (recurso 4414/2000), en la que se citan otras muchas anteriores- a propósito de la cuantificación de la indemnización derivada de la declaración de improcedencia del despido, el módulo de cuarenta y cinco días de salario que establece el artículo 56.1 a) ET actúa sobre el tiempo de servicios prestados y no sobre la mayor antigüedad reconocida, de modo que para que se tenga en cuenta el criterio de la antigüedad a efectos del cálculo de la indemnización por despido, se requiere que exista un pacto concreto o disposición que así lo establezca. Esto es, antigüedad tiempo de prestación de servicios no son conceptos sinónimos sino diferentes, que pueden o no coincidir en función de las circunstancias concurrentes en cada supuesto».

Por último, la sentencia TS de 26 de septiembre de 2001 (Rec. 4414/2000) recoge doctrina al señalar que «Como expresa la sentencia aportada como de contraste de este Tribunal de 30 Jun. 1997 (recurso 2698/96) la doctrina ha sido ya unificada en casación para la unificación de doctrina; la sentencia de esta Sala de 8 Mar. 1993 declara, respecto del cálculo de la indemnización correspondiente, que el módulo de cuarenta y cinco días de salario que establece el artículo 56.1 a) del Estatuto actúa sobre el tiempo de servicios prestados y no sobre la mayor antigüedad reconocida. Este criterio jurisprudencial tiene carácter consolidado, sin perjuicio de que haya un pacto o disposición en contra, que no es el caso, pues así se manifiesta en las sentencias… También lo declaró así la sentencia de 27 Jun. 1991, aunque con la diferencia de que en el convenio colectivo aplicable se determinaba el cómputo, a todos los efectos, por la mayor antigüedad asignada en el contrato, procedente de servicios prestados en otros contratos anteriores, sin que se diera en el caso la responsabilidad por subrogación… Una cosa es el derecho al cómputo de la antigüedad en la excedencia forzosa, y otra la determinación del tiempo de servicios en la empresa a efectos del artículo 56.1 a) del Estatuto…».

 

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